EL CÓNSUL LEGISLADOR Y ADMINISTRADOR.

 

El 11 de noviembre de 1799 Napoleón se estableció en la residencia oficial del palacio de Luxemburgo, donde ya residían los otros dos cónsules, Sièyes y Ducos, en tanto miembros del depuesto Directorio. Con él, estaban su mujer Josefina y los hijos de ella Eugenio y Hortensia, frutos del anterior matrimonio con el vizconde de Bauharnais. El 12 de noviembre, los Cónsules, aistidos por los consejeros que habían quedado, se reunieron para dar comienzo a la reconstrucción de Francia. En efecto, la situación era desastrosa. Los campesinos temían un regreso de los Borbones que hubiera significado la expropiación de las nuevas propiedades; los financieron dudaban en hacer inversiones por la inestabilidad del gobierno; el comercio estaba obstaculizado por el bloqueo de los puertos por parte de Inglaterra, por el bandolerismo bastante extendido, por el estado de abandono de los caminos; la instrucción pública, arrebatada al clero que durante siglos había tenido su monopolio, estaba desvalida; la familia minada en su base por la cada vez más frecuente práctica del divorcio; la Iglesia estaba abiertamente en la oposición; el balance del Estado era prácticamente inexistente.

Ducos, en la primera sesión, ofreció la presidencia a Napoleón, que astutamente, para no irritar a Sièyes, propuso atribuirla por turno. Sièyes fue delegado para proyectar la nueva Constitución y de esta manera Napoleón tuvo campo libre para la práctica del gobierno. Enseguida buscó agradar a la burguesía, de la que debía asegurarse el apoyo económico, con una serie de procedimientos.

Muy pronto Sièyes terminó sus trabajos con la propuesta de una "Constitución para el año VIII". El viejo estadista había perdido la confianza en el gobierno democrático; el análisis del pasado lo había llevado a la conclusión de que ninguna Constitución podía estar basada en la emotividad de una masa ignorante y desinformada. Y así debía considerarse a la mayoría del pueblo de Francia. Por otra parte quería evitar el peligro de la institución de un gobierno despótico. Sintetizó su trabajo en una máxima de filosofía política: "¡La confianza de abajo, el poder de arriba!". Napoleón estuvo de acuerdo, tampoco él estaba dispuesto a la democracia.

En el nuevo aparato de gobierno se pedía a todos los ciudadanos de sexo masculino de por lo menos veintiún años la elección de representantes comunales, departamentales y nacionales. Pero –clara traducción práctica de la máxima citada- los nombramientos de todos los funcionarios dentro de los organismos representativos debía ser efectuada por el gobierno central.

El título y la figura misma no gustaron a Napoleón, contrario a que el jefe del Estado tuviera tareas solamente representativas: para él, el jefe de la nación debía ser libre para actuar y elegir a sus propios colaboradores cuando y donde quisiera y considerara oportuno, ¡no sólo entre los notables de la nación! Prefería además el término "Primer Cónsul" según el modelo romano. Las enmiendas napoleónicas a la propuesta constitucional tendían, en la práctica, a configurar un gobierno de tipo monárquico.

Sièyes y Ducos dimitieron y fueron reemplazados el 12 de diciembre de 1799 por Jean Jacques Cambacérès (que luego tendría parte preeminente en la formulación del Código napoleónico) y por Charles François Lebrun (que organizaría de manera admirable las finanzas del nuevo Estado). En se primer año de gobierno, Napoleón sometió disciplinadamente sus propuestas al examen del Consejo, aceptó críticas y contraposiciones, aprendió a analizar los problemas y a encontrarles soluciones.

Napoleón se ocupó también de la administración, dividiendo los trabajos entre ocho ministerios y llamando para dirigirlos a los hombres más capaces, sin preocuparse por su extracción política.

La célula base del Estado eran las comunas o municipalidades y una tarea muy gravosa para la nueva administración habría sido la restauración de su funcionalidad; en efecto, toda gestión precedente, durante la Revolución, había considerado su propio mandato como directa prosecución del antiguo orden feudal, continuado con las tasaciones y las expoliaciones indiscriminadas y acumulando débitos de imposible solución. Napoleón negó su aprobación a toda petición de autogobierno comunal y constituyó una jerarquía de funcionarios, prefectos, subprefectos, síndicos, directamente dependientes del ministerio del Interior. Los nombramientos por lo general resultaron válidos y de esta manera se constituyó un aparato bastante poco democrático pero muy eficiente, a tal punto que el modelo se mantuvo en todos los sucesivos gobiernos franceses, por lo menos durante un siglo.

 

Para la recuperación del erario, Napoleón, por consejo del cónsul Lebrun, confió la tarea a Martin-Michel Gaudin, que tenía firme fama de honestidad y rectitud por haber rechazado un encargo análogo bajo el Directorio. La integridad del nuevo ministro garantizó empréstitos inmediatos al Estado, que de esta manera estuvo en condiciones de cubrir todos los gastos del gobierno, incluidos los del ejército, interés preeminente de Napoleón. El poder de imponer y de percibir las tasas se centralizó, sustrayéndolo al ejercicio local de aquellos cuya corruptibilidad era notoria. Golpe magistral de Gaudin fue la reunión de los diferentes organismos financieros en un Banco de Francia, autofinanciado con la emisión de acciones, autorizado a acuñar moneda y sostenido y controlado por los depósitos gubernamentales, para la administración del cual se designó al ministro del Tesoro Barbé-Marbois.

Fouché, que había dado buena prueba de sí durante la Revolución, fue nombrado ministro de Policía. Napoleón apreció los resultados de su trabajo, aunque no podía hacerlo públicamente con los métodos, basados a menudo en represalias, extorsiones, chantajes y protecciones. Pero nunca confió plenamente en él: una red eficientísima de espías e informantes al servicio del Primer Cónsul entre otras tareas tenía la de controlar al ministro de la Policía. Ministro de Justicia se nombró al jurista André-Joseph Abrimal; de la Guerra, al general Louis-Alexandre Berthier; de Marina, Denis Decrès; de Exterior, Charles-Maurice de Talleyrand, distinguidísimo, depravadísimo, servidor sólo de sí mismo.

La "Constitución del año VIII" fue recibida no sin críticas. Los jacobinos la consideraron una hipócrita capitulación ante la burguesía: los católicos desaprobaron la confirmación de la confiscación de los bienes eclesiásticos efectuada por la Revolución; los monárquicos vieron alejarse cada vez más la posibilidad de una restauración, y como controlaban la mayor parte de los periódicos, empezaron una dura campaña contestataria. Como única respuesta, Napoleón suprimió sesenta de las sesenta y tres publicaciones de Francia: el "Moniteur" se convirtió en el órgano oficial de prensa. Madame de Stäel definió a Napoleón como "crucificador de la libertad de Francia". Le respondió que había crucificado la libertad de ser indisciplinados. En efecto, las masas estaban con él. Los campesinos estaban contentos porque les había confirmado la posesión de las tierras. Los sans culotte no creían ya en la Revolución que los había usado sólo como instrumentos, pero sentían la fascinación del héroe guerrero que sabía enardecer a los soldados; los burgueses no tenían nada que decir del hombre que se presentaba como el garante la propiedad y de la libertad de empresa, objetivos tanto tiempo perseguidos.

El 19 de febrero Napoleón se trasladó con magna pompa, con su familia, al palacio real de las Tullerías y a la noche invitó a Josefina al "lecho del señor".