Las consecuencias de la Revolución Francesa
Tras una década, la Revolución Francesa había trastornado Europa. Había dividido el continente entre partidarios (patriotas, jacobinos, radicales) y enemigos (contrarrevolucionarios). Una división que se acompañaba de enfrentamientos, en el terreno ideológico y en el terreno militar, entre Francia y casi todos los demás estados, pero también de enfrentamientos dentro de cada estado, Francia incluida, entre defensores y adversarios. En último término, los primeros sólo se impondrían allá donde contaban con el apoyo de las bayonetas francesas, lo cual sería al mismo tiempo señal de su debilidad y germen de una mayor oposición.
1. En principio, los sucesos de Francia (1789-91), no suscitaron reacción contraria de las potencias europeas. Al margen de algún inconveniente, como los efectos negativos que la abolición de los derechos feudales tuvo sobre los príncipes alemanes con posesiones en territorio francés, la revolución era vista como factor de debilitamiento del estado galo y, por tanto, bien recibida por Austria, Prusia y Gran Bretaña; además, Francia era el estado absolutista por excelencia, factor que propiciaba la simpatía o condescendencia hacia la revolución por parte de las monarquías reformistas --Austria-- o parlamentarias --Gran Bretaña--. Pero cuando los acontecimientos mostraron la profundidad de una revolución que ponía en peligro la persona de los mismos monarcas franceses, emparentados --María Antonieta era la tía de Francisco II-- con los austríacos, subvertía las bases del Antiguo Régimen y amenazaba con exportar esta subversión, debido a la universalidad del mensaje revolucionario, el enfrentamiento resultó inevitable.
2. Desde 1792-93 los estados europeos lucharon contra la revolución desde diversos frentes:
a) Oponiéndose a la difusión de sus principios en sus propios territorios por medio de la contrapropaganda o de la censura.
Contrapropaganda: Los fundamentos ideológicos del rechazo de la revolución fueron establecidos por los intelectuales que se oponían a ella. El pionero, y más influyente, fue Burke, que en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790) contrapuso el gradualismo del proceso inglés con el rupturismo francés; mientras que la sociedad inglesa había ido evolucionando sin romper con su pasado, en armonía con las leyes naturales, los revolucionarios franceses habían desgarrado el tejido social, sustituyendo la sabia gestión del progreso natural por la dictadura de los principios abstractos, basados en la razón, que amenazaban con la destrucción de la propiedad, en nombre de la igualdad, y con la implantación de la tiranía, en nombre de los derechos de un individuo aislado frente al estado en una sociedad desprovista de cuerpos sociales jerarquizados. Otra obra importante fue la del abate Barruel, Memorias al servicio de la historia del jacobinismo (1797-98), alegato contra partidarios de la Ilustración, filósofos y masones, todos ellos responsables del complot urdido para traer la Revolución; las ideas de Barruel habrían de influir especialmente en el pensamiento ultraconservador español durante la monarquía de Fernando VII. Pero la difusión de estas obras se encontraba limitada por el restringido círculo del público, eminentemente culto, que podía acceder a ellas. Por ello resultó más efectiva, desde el punto de vista de la formación de una opinión pública hostil a la revolución, la difusión de una literatura popular de contenido contrarrevolucionario (folletos, caricaturas, poemas). Fue en Gran Bretaña donde esta propaganda, apoyada, inspirada o dirigida por el gobierno y destinada al consumo interno, alcanzó mayor resonancia, porque era allí donde existía una mayor libertad de prensa que había permitido, en un primer momento, la difusión de literatura prorrevolucionaria que ahora había que contrarrestar: entre noviembre de 1792 y enero de 1793 (cuando se produjo el juicio y ejecución de Luis XVI e inquietaba la amplia difusión de la obra de Paine, Derechos del hombre) aparecieron numerosas publicaciones antirrevolucionarias que se hacían eco de la argumentación de Burke, simplificando sus ideas, y presentaban de forma caricaturizada las de sus adversarios, al tiempo que apelaban al miedo y al patriotismo de sus compatriotas como resortes en la lucha contra la revolución.
Censura: Fue la política seguida por la monarquía española, interesada en impedir que sus súbditos conociesen los cambios que se producían en Francia, por temor a sus efectos contagiosos, aunque no se adoptaron medidas sistemáticas de control y represión hasta 1792, cuando se asoció la Inquisición al control de las entradas de libros; un año más tarde se prohibía la publicación en el país de todo tipo de noticias, favorables o no, sobre la revolución en el país vecino; cualquier tipo de relación con Francia sin el consentimiento previo del gobierno cualquier ofensa oral o escrita contra el monarca y su gobierno y, de forma más sutil, aumentando los impuestos sobre la prensa, con la finalidad de encarecerla y dificultar así la circulación de los periódicos populares
b) Dando marcha atrás en el terreno de las reformas, que eran vistas como el camino que conducía a la revolución. Es lo que ocurrió en España, desde los últimos años del ministerio de Floridablanca y durante el valimiento de Godoy. Esta trayectoria, que sin embargo no era rectilínea, sino que estaba sujeta a los vaivenes derivados del estado de las relaciones con Francia, tuvo como hitos destacados la supresión de las cátedras de derecho público y de derecho natural y de gentes, el retorno de los jesuitas exiliados en Roma (1797) y, sobre todo, la caída en desgracia de Jovellanos (1798). Pero no solamente en España: otras monarquías también se volvieron atrás en el camino de las reformas. En Austria, la reforma agraria de José II fue suspendida por Leopoldo II. En Gran Bretaña, el temor a la revolución condujo al gobierno de Pitt a la suspensión del Habeas Corpus en 1794 (medida que estuvo vigente entre 1794 y 1795 y de nuevo entre 1798 y 1801, y que significaba la posibilidad de encarcelamiento sin juicio), la prohibición de mítines (1795) y al fortalecimiento de las disposiciones legales contra los sindicatos (1799 y 1800).

c) Enfrentándose en el terreno militar con el estado revolucionario. Este enfrentamiento opuso a Francia con Prusia y Austria desde 1792 y, desde 1793, con una Primera Coalición en la que figuraron todos los países europeos, con excepciones menores (Dinamarca, Turquía, algunos principados alemanes). Los triunfos franceses propiciaron la expansión de la nación revolucionaria hasta alcanzar las fronteras naturales (Pirineos, Alpes y Rin) y la retirada de la mayoría de sus contrincantes: al finalizar 1795 sólo se mantenían en la lucha Gran Bretaña y Austria. No conviene exagerar las motivaciones ideológicas en una lucha en la que también tuvieron su parte factores más convencionales: expansionismo francés, al margen de la voluntad de los pueblos; apetencias territoriales o económicas de las potencias enfrentadas a Francia. Este último elemento explica, por ejemplo, los recelos existentes entre austríacos, prusianos y rusos, enfrascados en hacerse con los despojos de Polonia (repartos de 1793 y 1795), en perjuicio de las operaciones contra Francia y el cambio de campo de España, que en virtud del tratado de San Ildefonso (1796) reanudó la tradicional política de alianza con Francia y rivalidad con Gran Bretaña, el enemigo que obstaculizaba las relaciones con las colonias de América.
3. Los principios revolucionarios tuvieron una mayor o menor acogida en cada territorio en función de las circunstancias económicas, sociales y políticas del área en cuestión, y también en función de la capacidad de intervención francesa. En última instancia, el triunfo de la revolución, cuando estalló fuera de Francia, se hizo posible gracias al apoyo decisivo de las bayonetas francesas, necesarias para su mantenimiento. Tal situación crearía tensiones que iban a obstaculizar el arraigo de la revolución y a dar fuerza a los movimientos de oposición, algo que puede entenderse si se tiene en cuenta que la presencia francesa significaba:
a) Exacciones y supeditación de los intereses económicos del territorio en cuestión a Francia. En un primer momento (abril de 1792 a marzo de 1793) estuvo por delante la política de liberación de los pueblos, aunque desde noviembre de 1792 el objetivo fuese también alcanzar las fronteras naturales. Pero, a partir de junio de 1794, y durante toda la época napoleónica, los planteamientos fueron diferentes, y las prácticas también: hacer vivir al ejército sobre el país enemigo, sanear las finanzas y la economía francesa gracias a la explotación de los países conquistados. Durante el primer período, la guerra no fue un conflicto clásico entre estados, sino un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución; y fue sobre los elementos contrarrevolucionarios sobre los que se intentó desplazar el coste de la guerra: el ejército no había de vivir sobre el país, sino que debía ser avituallado por Francia, o por proveedores contratados por el gobierno francés. Pero, desde el comienzo, estos principios chocaron con la falta de logística adecuada para su aplicación: a falta de avituallamiento, el ejército necesitó recurrir al saqueo y efectuar requisas, pues las contribuciones impuestas a los privilegiados no eran suficientes para su mantenimiento. A partir de 1794 tales prácticas se generalizaron. Por ello no ha de extrañar que se produjesen revueltas contra la presencia francesa, como ocurrió en Italia (en 1796, en Pavía y en Lugo, ambas en el N de Italia; y de forma generalizada en 1799).
b) Menosprecio a las aspiraciones políticas de la población en cuestión: por ejemplo, imposición en Suiza de una constitución unitaria (1798), o cambios de fronteras en el norte de Italia, o supeditación de los aliados ideológicos de los territorios ocupados a los militares franceses.
c) Choque con capas dirigentes tradicionales, sobre todo la Iglesia: la expansión francesa se produjo en principio por territorios mayoritariamente católicos, y cuando el régimen ya se había ganado una reputación de hostilidad a la Iglesia (desde la condena de la Constitución civil por el papado, en mayo de 1791, hasta la firma del Concordato, en 1802, el régimen francés permaneció asociado con el anticatolicismo); el comportamiento anticlerical de las tropas francesas (explicable por el medio de proveniencia: una Francia donde el clero había tomado, en su mayoría, posiciones contra el régimen) tampoco ayudó a atraerse a la Iglesia. A ello hay que añadir las expropiaciones de los bienes eclesiásticos, sobre todo monásticos. Estos factores contribuyeron a que, en la orilla izquierda del Rin (la Renania ocupada por las tropas francesas desde 1792), la Iglesia católica fuese militantemente antifrancesa, y a que aplicase sus diversos medios de propaganda (textos escritos, pero también el púlpito, la actividad de los monjes mendicantes y el confesionario) en la labor de desprestigio de la causa revolucionaria, sin que se produjesen divisiones en su seno entre alto y bajo clero; porque la presencia francesa sirvió para despojar a la Iglesia, pero no para redistribuir la riqueza clerical, y para destruir las instituciones eclesiásticas, en vez de democratizarlas. También en Italia el clero fue un factor contrarrevolucionario.
d) Política social relativamente conservadora, que dificultó la atracción sectores populares. Así ocurrió en Renania, donde se mantuvo del diezmo (y otros derechos señoriales), a pesar de haber sido ya abolido en Francia, hasta 1798; y de esta supresión tardía solamente se beneficiaron los propietarios de tierra pues la mayoría de los campesinos, arrendatarios, vieron sustituido lo que pagaban en concepto de diezmo por un aumento de las rentas. Tampoco la confiscación de propiedades de la nobleza desafecta y de la iglesia benefició a los
campesinos: hasta 1803 estas tierras permanecieron en poder de la administración francesa, que las continuó arrendando en condiciones más onerosas para sus usuarios. Otro buen ejemplo lo tenemos en el sur de Italia, donde la implantación del régimen republicano en el antiguo reino borbónico de Nápoles no supuso, contra lo esperado por los campesinos, cambios en la propiedad de la tierra y el cese del pago de los impuestos de carácter feudal, sino que se acompañó de un incremento de la carga fiscal sobre las provincias decretada por las nuevas autoridades.
© Esteban Canales. Junio 2000
http://seneca.uab.es/historia/enacap1.htm