La Revolución Francesa impuso, tras un período de voluntariado, la obligatoriedad del servicio militar (1793) para la población masculina entre 18 y 25 años. La defensa de la patria pasó a considerarse un deber de los ciudadanos, una actividad que no conllevaba el desprestigio de quien la realizaba, como ocurría con los antiguos soldados. Al mismo tiempo, la carrera militar se abrió a quienes tenían talento, en lugar de estar casi monopolizada por la nobleza, y la elección de los mandos se democratizó, aunque en los años siguientes se fueron suprimiendo las posibilidades de intervención de la tropa en la elección de sus oficiales. El Directorio heredó este ejército revolucionario cuando ya existían serias dificultades para su mantenimiento: desde 1793, no se habían llamado a filas nuevos reclutas, en tanto que parte de los soldados habían ido abandonando el servicio, debido a la duración de su permanencia en filas y a la inexistencia de amenazas de invasión del país. La ley Jourdan (1798) intentó abordar estos problemas. Ratificó la obligatoriedad del servicio (conscripción) para todos los varones entre 20 y 25 años, repartidos en "clases" anuales, entre las cuales se sortearían los contingentes de soldados, con preferencia por la clase más joven, fijados según las necesidades militares. Los elegidos por sorteo habrían de servir durante cinco años en el ejército, límite que no sería respetado durante las guerras. Este sistema, vigente durante todo el Imperio, permitió a Napoleón, gracias al potencial demográfico de Francia, surtirse de un amplio ejército.

El tamaño del ejército tendió a aumentar claramente a lo largo del período napoleónico, pasando de unos 400.000 hombres durante el Consulado a unos 500.000 en 1808 y a 1.100.000 en 1813. En total, fueron 2,5 millones los movilizados efectivamente entre 1798 y 1813 (3,4 millones, de contar también los estados satélites), equivalentes a un 8% de la población total, cifra considerable, a tenor de lo que había sido habitual hasta entonces, pero relativamente modesta comparada con movilizaciones posteriores: la Primera Guerra Mundial puso en armas a 7,7 millones, cerca del 20% del total de los franceses.

Solamente el 40% de los jóvenes sujetos a la conscripción acabaron sirviendo como soldados. La mayoría (60%) no fue nunca efectivamente movilizada, bien porque se benefició de un sorteo favorable que le permitió no ser llamado a filas, caso cada vez más improbable conforme avanzó el período, o bien porque, en muchos casos, obviaba el servicio militar a través de una de las tres siguientes vías: 1) La exención, aplicada a determinadas profesiones (sacerdote, funcionario), a los jóvenes casados y a quienes tenían enfermedades o defectos físicos (la talla insuficiente era uno de los más comunes). 2) El reemplazo, vía que utilizaban quienes podían pagar a un sustituto; por tanto, introducía la desigualdad basada en la fortuna. Conforme avanzaron los años, disminuyeron los requisitos legales necesarios para el reemplazo, pero aumentó el precio a pagar por él, hasta situarse muy por encima de las posibilidades de la gente común. El resultado de ambas tendencias fue la restricción de esta práctica a la población más acomodada, que hizo uso abundante de ella. A partir de 1806, entre el 5% y el 10% de los soldados incorporados al ejército lo hicieron como sustitutos. 3) La insumisión (o sea, la no incorporación a filas de los jóvenes sorteados) y la deserción (el abandono del ejército una vez ya incorporado a él) implicaban mayor compromiso personal y mayores riesgos. Esta tercera vía nos conduce a considerar las características de las actitudes de resistencia al servicio militar en el ejército napoleónico.

Esta resistencia adoptó manifestaciones muy diversas, desde el fraude, el matrimonio precipitado para asegurarse la exención y la autolesión, hasta las ya citadas insumisión y deserción. La mayor parte de estas prácticas requerían algún grado de complicidad o de apoyo, por lo que hacen pensar en una cierta difusión de actitudes hostiles al servicio militar. Los estudios existentes sobre la insumisión y la deserción permiten precisar detalles sobre el grado de difusión de ambas, sobre las razones de las mismas y sobre la eficacia con que fueron combatidas.

La insumisión y la deserción fueron muy altas durante el Directorio y el Consulado, preferentemente en las áreas montañosas y boscosas, en las zonas fronterizas y en las zonas tradicionales de emigración, alcanzando en algunos casos el 50% del total de la población sujeta a conscripción. A lo largo del Imperio se produjo una clara disminución, para volver a alcanzar cotas elevadas durante los años postreros (1813-1814), cuando las exigencias en hombres --la contribución de sangre-- ya resultaban insoportables y, a tenor de la evolución militar, previsiblemente inútiles. Varias son las razones que explican la amplitud del rechazo del primer período: el servicio militar era visto como una intrusión del estado, sobre todo en las comunidades rurales, que habían escapado tradicionalmente a su acción, y para las que representaba un perjuicio económico al privarles de una fuerza de trabajo en sus mejores años y un tratamiento discriminatorio, pues permitía a los ricos eximirse; la dureza de las condiciones de vida en el ejército y la duración del servicio, suponían otro factor de rechazo; por último, para muchos jóvenes incorporados a filas la nostalgia de la vida en el ambiente familiar también era motivo de abandono.

La reducción de las cifras de insumisos y desertores que se produjo durante la mayor parte del Imperio, excepto en su fase final, se debió a circunstancias como una mayor centralización (el control de las operaciones de reclutamiento pasó a depender más de los subprefectos que de las autoridades municipales, disminuyendo por tanto la protección que éstas podían aportar a los jóvenes de la comunidad), a la familiaridad con el hecho de la conscripción, a la propaganda eclesiástica en favor del cumplimiento de los deberes de soldado (al mejorar las relaciones entre iglesia y estado tras el Concordato de 1801) y a que la vida en el ejército aseguraba la cobertura de las necesidades básicas a quienes, en momentos de crisis como en los años de 1810 y 1811, no disponían de medios de subsistencia. Pero fue sobre todo una mayor eficacia de la represión la causante del descenso de las tasas de deserción e insumisión: se aprobaron medidas que premiaban a los delatores y castigaban a los cómplices y combinaban amenazas con amnistías; se pusieron en funcionamiento columnas móviles encargadas de la persecución de insumisos y desertores y se generalizó, desde 1807, el método de las guarniciones, consistente en el establecimiento de tropas en la localidad donde vivía la familia de los jóvenes huidos, costeadas a cargo de la familia y con el municipio como responsable subsibdiario de los gastos de manutención de estas tropas.

La deserción, en mayor medida que la insumisión, que permitía la inserción del insumiso en la propia comunidad, alimentó la delincuencia y el bandolerismo, pues creó desarraigados situados fuera de la ley, que en los años del Directorio y el Consulado presentaron perfiles políticos de oposición contrarrevolucionaria, pero durante el Imperio, acallados los grupos hostiles al régimen, dejó de tener trasfondo de protesta política.

En términos generales, la anterior explicación es válida para las áreas del Imperio no incluidas en las iniciales fronteras de Francia. En tales áreas se aplicó la ley Jourdan con pocas variaciones aunque en principio con una menor exigencia de contingentes, si bien ésta fue creciendo con el paso del tiempo. Las resistencias a la conscripción fueron similares, cuando no mayores (por ejemplo, en Bélgica precipitaron la sublevación de 1798), y también lograron ser combatidas con eficacia durante el Imperio. En los estados satélites la introducción de la conscripción se planteó con más cautela, en función de la mayor o menor tolerancia que cabía esperar. Así, en la república de Italia se aplicó desde 1802, bajo términos similares a los de la ley Jourdan, pero en el reino de Nápoles José no consideró prudente imponerla y, cuando su cuñado Murat la introdujo en 1809, fue acompañada de unos contingentes de soldados llamados a filas menores que los franceses. En España la conscripción no llegó a aplicarse, ante el previsible rechazo de una población hostil a la presencia francesa que haría inviable su cumplimiento, e incluso en Cataluña, al ser ésta incorporada al Imperio (1812) tampoco llegó a proponerse.